El 24 de octubre de 2011, el gobierno promulgó la ley Nº 180 de protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Semanas después, ministros y el propio Presidente iniciaron una campaña a favor de la carretera vetada por dicha norma y por la anulación de la ley conquistada por la marcha indígena.

 Autor: María Virginia Ortíz

Ni siquiera una ley garantiza la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). El presidente Evo Morales, encargado de promulgar la Ley 180 de defensa del área, persiste en el cuestionamiento a la norma y, con ello, resta importancia a la demanda de los habitantes del lugar y los logros de la VIII Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS y de los pueblos del Oriente, Chaco y Amazonía.

El 15 de diciembre, en una conferencia de prensa, el mandatario declaró a los medios de comunicación que lamentó no haber visitado la región antes del conflicto por la carretera, porque consideró que los habitantes del TIPNIS son pobres y demandan un camino.

“Sería importante que los dirigentes escuchen y entiendan el pedido de los compañeros de base que viven dentro del TIPNIS”, pues en las comunidades que visitó hay extrema pobreza, señaló. Morales viajó a las comunidades de San Antonio, Santo Domingo y Oromomo, llegó a las dos primeras cuando la marcha no había concluido y sus habitantes dijeron que esperaban más atención del Estado, pero no a cambio de la construcción de la carretera.

Los indígenas del TIPNIS rechazaron la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos porque atravesaría el corazón del TIPNIS y porque el gobierno inició la construcción de esta vía (en sus tramos I y III) sin cumplir con el requisito constitucionalizado de la Consulta Previa.

En todo caso, tanto Morales como otras autoridades del Estado y diputados del oficialismo. Por ejemplo, el senador Adolfo Mendoza, esgrimieron criterios en contra de la Ley 180.

El matutino paceño Página Siete reprodujo una declaración del parlamentario el 27 de octubre,cuando las seis federaciones de cocaleros del Chapare rechazaron la mencionada norma: "La única manera de solucionar este tema es mediante la modificación de la Ley desde mi punto de vista, por eso nosotros fuimos respetuosos con la demanda indígena en términos formales se pueden establecer otras salidas, el otro problema es que se abrió una discusión sobre las otras áreas protegidas. Cómo vamos a blindar los territorios indígenas para proteger la posibilidad de autogobierno”.

La marcha indígena

Esta historia comenzó oficialmente el 15 de agosto. Ese día, la octava marcha indígena comenzó en Trinidad y concluyó en La Paz el 19 de octubre. En el ínterin, los caminantes enfrentaron acusaciones del gobierno, fueron testigos de más de una decena de intentos de diálogo que no prosperaron y el 25 de septiembre soportaron una represión policial, que provocó la indignación del resto de la población.

No obstante, el rechazo a la vía comenzó en 2008, cuando los indígenas pidieron al gobierno que suspendiera ese proyecto. Como finalmente, las autoridades nacionales iniciaron la construcción de los tramos I y III, los indígenas respondieron con esta extrema medida de presión.

Los pueblos indígenas mojeño, yuracaré y t’simane que habitan ese territorio impulsaron el movimiento con el apoyo de todos los pueblos de tierras bajas, representados por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), trece regionales del Chaco, la Amazonía y el oriente, y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq)

Esta alianza se explicaba por el temor de que si la propiedad colectiva del TIPNIS resultase afectada, lo mismo ocurriría con el resto de los territorios indígenas; las TCO (tierras comunitarias de origen). El recelo de los indígenas se refuerza por el hecho de que el proyecto de Ley de Tierras —avalado por la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUCB) — tiene entre sus propósitos la reducción de las TCO como propiedad rural/

De ahí que la protesta indígena no sólo demandara la suspensión de cualquier proyecto caminero sobre el TIPNIS, sino que además se amplió a otras quince peticiones, varias de ellas orientadas a garantizar la integridad de las TCO.