El debate por la plata de las autonomías mueve el avispero
Fuente: Pulso, 8 de marzo de 2010
Si no se crean condiciones adecuadas en términos de administración financiera y coordinación gubernamental, el proceso autonómico pude plantear problemas de asignación y estabilidad macroeconómica.
La versión final de la Ley Marco de autonomías tiene la responsabilidad de interpretar un régimen autonómico complejo, ambiguo y costoso. formulado en la Constitución Política del Estado.
Las autonomías buscan reducir la brecha entre los proveedores de servicios públicos y los consumidores locales, para mejorar la eficiencia de las políticas públicas y reducir los costos en la asignación de los recursos y atribuciones entre los distintos niveles del Gobierno. Por otra parte, buscan lograr un mayor acercamiento entre el Gobierno y los ciudadanos, para fomentar una mayor responsabilidad y un mayor control de los usuarios y de la comunidad en general.
¿Cómo crear condiciones adecuadas que aseguren los beneficios inmersos en la autonomía? Pregunta que debe ser resulta por la Ley Marco.
En este sentido, Vladimir Ameller, economista experto en descentralización, identifica dos funciones fundamentales de la Ley Marco. Primero, “interpretar el régimen autonómico propuesto en la Constitución Política del Estado y, segundo, la precisión de este régimen”. Estas dos funciones son necesarias, habida cuenta de las características del actual régimen autonómico propuesto en la Constitución, definido por Ameller a partir de tres adjetivos.
“Se trata de un régimen complejo, por la diversidad de formas de autonomía y por la cantidad de formas de gobierno, en el sentido de la complejidad que implica la articulación y coordinación de cinco formas de autonomía en un mismo territorio”.
En segundo lugar. Se trata de un régimen ambiguo: “Existen competencias que a veces parecen en realidad deseos. Toda esa ambigüedad, que resulta de los 199 artículos vinculados con las competencias, necesita una interpretación y una precisión”.
Se trata también de un régimen muy costoso. Por un lado, el Estado está adquiriendo mayores compromisos y más roles. Por otro lado, Ameller advierte del costo que los nuevos actores van a generar en el nuevo aparato estatal. “Antes se limitaba a tres poderes ejecutivos (nacional, departamental y municipal) y un sólo Órgano Legislativo. Se tiene ahora un Estado con cinco gobiernos ejecutivos y cinco cuerpos legislativos”.
En este sentido “hay que diseñar y conformar un nuevo sistema administrativo financiero. Se necesitan expertos, infraestructura nueva. Asimismo, se va a incurrir en costos de transacción y negociación entre los diferentes actores y niveles”, es decir, “toda una serie de costos relacionados con la institucionalidad del nuevo Estado”.
En relación a este tema, expertos alertan del peligro de incrementar el déficit fiscal ampliando el aparato estatal. Ramiro Cabezas, experto en política fiscal, recuerda que en 1985, el déficit elevado de la deuda pública, la drástica reducción de los ingresos fiscales, constantes incrementos salariales bajo presiones sindicales, subsidios elevados, empresas públicas deficitarias que requerían el apoyo del TGN y el financiamiento del déficit a través de emisión inorgánica de moneda desencadenaron la hiperinflación más alta del continente hasta ahora.
Si bien las condiciones actuales son mucho mejores a las de 1984, la extensión del aparato productivo, la intervención de empresas estatales, la presencia de subidos elevados pueden generar presiones inflacionarias como en el pasado, afectando la estabilidad macroeconómica.
Gonzalo Jordán Lora / Pulso